¿Qué es esto?

¿Tienes preguntas? tenemos respuestas

Algunas de las respuestas que aquí incluimos han sido copiadas de las propias páginas del Ministerio de Justicia.

Es una medida de gracia, de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme, que otorga el Rey, a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros
Los reos de toda clase de delitos.
La extinción de la responsabilidad penal. No cancela los antecedentes penales.
  • Quienes estén siendo procesados criminalmente pero aún no hayan sido condenados por sentencia firme.
  • Quienes no se encuentren a disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.
  • Los reincidentes en el mismo o en cualquier otro delito por el que hubiesen sido condenados por sentencia firme. Se exceptúan, sin embargo, los casos en que, a juicio del Tribunal sentenciador, hubiese razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia.
El indulto puede ser:
  • Total: Remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que aún no hubiese cumplido el penado.
  • Parcial: Remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas ellas que aún no hubiese cumplido el penado.
Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al penado en otras menos graves.
En ningún caso el indulto comprenderá la responsabilidad civil derivada del delito. El indulto de penas pecuniarias (multa) exime al indultado de pagar las cantidades aún no satisfechas, pero no implica la devolución de las ya pagadas, salvo que se diga expresamente.

No se sabe: ni el veredicto del informe del tribunal sentenciador ni el del Ministerio Fiscal se hacen público, por lo que no podemos saber si los indultos son concedidos a favor o en contra de su opinión.

Según las fuentes que hemos consultado, en la mayor parte de los casos el informe del tribunal sentenciador es contrario a la concesión del indulto, pero no tenemos la información suficiente como para sacar conclusiones verificables.

Esta información no es pública. Solamente conocemos aquellos indultos que han sido concedidos por su obligatoria publicación en el BOE. ¿Que porcentaje de indultos son concedidos? ¿Sobre qué delitos hay una mayor frecuencia de concesión de indulto? Estas preguntas no pueden ser respondidas con la información que los ciudadanos tenemos sobre los indultos.

No lo sabemos. Uno de los puntos más polémicos sobre esta medida de gracia es la opacidad de dicha decisión y la falta de información explícita sobre los motivos de la concesión o denegación de los indultos. Esta opacidad puede llegar a crear una percepción de arbitrariedad en su concesión que vulneraría uno de los principios de nuestra constitución.

La constitución establece en su artículo 9.3: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos."

Creemos que el indulto tal y como se define debe ser verdaderamente una medida excepcional. En una situación ideal, desde nuestro punto de vista, el volumen de indultos debería ser lo más cercano a cero posible.

Si el número de indultos es alto y analizados los casos se observa que sus causas están justificadas, este fenómeno invitaría a corregir las anomalías detectadas, sea ésta legislativa (e.g. tipificación penal incorrecta), procesal (e.g. insuficientes garantías en los proceso resultantes en condena) o judicial (e.g. aplicación indebida de las leyes vigentes por la judicatura).

En cualquier caso, mientras exista esa posibilidad en manos de nuestro gobierno, creemos que debe evitarse la sensación de "arbitrariedad" publicando los motivos que llevan a la concesión de un indulto.

También creemos que para garantizar una correcta separación de poderes, los veredictos de los informes del Tribunal y del Ministerio Fiscal deberían ser de conocimiento público y tener un peso muy importante en la decisión a tomar. En caso de tomar una decisión contraria a cualquiera de los veredictos de dichos informes el razonamiento que lleva al gobierno a tomar esa medida deberían tener un grado de detalle aún mayor.

Estamos analizando la relevancia de la Ley de Protección de Datos a la hora de tratar la información de indultos. Mientras tanto hemos decidido no trabajar en ningún momento con los nombres de los indultados en ningún paso de nuestro proceso.

En el año 2000 la Asociación Contra La Tortura fue condenada a pagar 60 millones de pesetas de multa (360.000€ del año 2000) por crear una lista de policías y funcionarios de prisiones condenados y/o acusados de torturas. La Audiencia Nacional afirma en la sentencia que sólo la Administración puede crear una base de datos de "infracciones penales o administrativas", "con independencia del origen público o privado del dato".

La licencia sobre el trabajo de recopilación y limpieza de la base de datos final es Open Database License 1.0, que permite la distribución y reutilización del contenido siempre y cuando se atribuya el origen y se mantenga la apertura de las obras derivadas.

En algunos navegadores (Safari especialmente) la renderización de la tabla de indultos era demasiado pesada si traíamos todos los resultados. Siempre podéis aplicar algún filtro más restrictivo para ir viendo los resultados por partes.

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